Un estudio revelador

Un estudio revelador
por Jorge V. Ordenes L.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) acaba de publicar un estudio crítico de valoración aduanera que ofrece montos estimados de fraude y éste, nada menos que por origen de las importaciones, viene a ser información valiosa por el detalle. Vale la pena echarle un vistazo. Por ejemplo, el Estudio dice que la subvaloración aduanera de Bolivia fue de ¡504 millones de dólares en 2005!… o el significante 21,5 por ciento del valor total de las importaciones formales de ese año. Ahora, el monto de fraude tributario por concepto de esa subvaloración asciende a 154 millones de dólares; y la pérdida del Estado viene a ser nada menos que el equivalente al ocho por ciento de la renta interna de 2005; en tanto que la pérdida de renta aduanera alcanza el 37 por ciento del total, lo que debe ser suficiente llamado de alarma a las autoridades nacionales y al público en general. Tal no se puede tolerar si nos respetamos.

Luego el Estudio menciona la (hoy afortunada) insistencia y luego financiamiento del Fondo Monetario, Banco Interamericano y Banco Mundial en la gestión y promulgación de la Ley General de Aduana que entró en vigencia en 2000, y que vino a reemplazar a la pisoteada Ley Orgánica de Aduanas (LOA) que todos sabemos que fue pasto de corrupción de prácticamente todos los gobiernos nada menos que “desde el primer cuarto” del siglo XX. El punto es que de no haber sido la insistencia de esas instituciones multilaterales, quizá los bolivianos seguiríamos sufriendo la voracidad presupuestívora de la LOA.

El Estudio ofrece un análisis detallado de la actual brecha que separa las leyes y reglamentaciones, también de la práctica delincuente de un porcentaje significante de importadores, y del regreso progresivo a la nefasta empleomanía politicoide de las aduanas que, con el tupé más increíble, nuevamente propenden a contribuir al fraude lo que es revelador del creciente desbarajuste ético que vivimos que entre otras cosas nos impide salir adelante como sociedad multiétnica y pluricultural, y desde luego como país.

Y es aquí donde quiero expandir el comentario porque se trata de revelaciones gallardas de una manera de delinquir que por lo visto se ha tornado en idiosincrasia y hasta en una forma de cultura, ilícita y punible, que se fundamenta en la aceptación y hasta saboreo rutinario de la cleptomanía que involucra a, por un lado, el significante porcentaje de importadores que operan sobre todo pero no solamente en fronteras. Por otro lado implica a las leyes y al hecho de que necesitan actualización y desde luego refinamiento. De refilón compromete al Congreso Nacional como Poder del Estado, y por supuesto que toca los timbres y las puertas del Poder Ejecutivo que todos sabemos tiene la obligación de sopesar la referida situación idónea, competente y transparentemente (“transparente”, qué palabra más pisoteada en Bolivia) con el propósito de modificar y redactar leyes sin desaliño, y sin faltas de sintaxis y ortografía… como sucedió con los escritos de “nacionalización” que tanto nos sonroja por culpa de unos cuantos ineptos.

Entonces compromete al Poder Judicial como responsable del enaltecimiento y protección de esas leyes, su vigencia y aplicación, que necesariamente deben incluir el dictamen de sentencias con penas de hasta seis años de cárcel, como instruye la ley, para los delincuentes hallados culpables; y que tales penas se cumplan sin contemplaciones políticas ni lealtades con posibles entes que vienen a ser parte de un problema que raya, por su incrustación estructural en la cultura nacional, en una informalidad económico-social cuya sinvergüencería y duración en última instancia viene a ser una abierta afrenta a la conciencia nacional y desde luego al erario, o sea a todos nosotros víctimas del fraude de gente moralmente desalmada. Es precisamente un estudio técnico serio como éste del IBCE que debe servir de modelo en otras áreas de la administración nacional como las fuerzas armadas incluyendo la policía; los ministerios viejos y nuevos sobre todo el de relaciones exteriores y la diplomacia; las universidades estatales; las prefecturas; y las operaciones de aprovicionamiento de cada una de éstas, etc. Tal bien puede utilizarse como pauta de inicio de una cruzada de asepsia técnico-moral de todo el aparato estatal que lo necesita, no solamente la aduana.

El gobierno de hogaño puede hacerlo si se aparta del camino del estatismo enceguecido que le fascina. Lo de estatismos puede quedar siguiendo el postulado del mexicano Antonio Caso que hablaba de transitar la realidad socio política de su país a principios del siglo XX con pies de plomo y alas de urgencia, y tomando en cuenta la seriedad de los derechos y propiedad lícitamente adquirida de todos lo bolivianos, me refiero a cambas, chapacos, collas, y a los emigrados por falta de empleo que es resultado directo del cuestionable manejo de la cosa pública que nos pertenece también a todos.

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