Brasil con un poder judicial envidiable

junio 28, 2017

Por Jorge V. Ordenes-Lavadenz

La ley brasileña dictamina que en la línea de sucesión presidencial no puede haber nadie que haya recibido, o esté por recibir, un mandamiento judicial federal en su contra. El Poder Judicial de Brasil hace honor a esta ley y a su fama de enaltecedor de la Constitución y las leyes en un inmenso río revuelto donde solamente los escándalos de Petrobras, Odebrech y Lava Jato se han probado poco menos que suficientes para copar la templanza ética y la capacidad de trabajo del Poder Judicial y de la Policía Federal y sus dependencias nacionales, regionales y locales que no han cesado de ejercer profesionalismo e idoneidad en el desempeño de sus funciones constitucionales que están demostrando, hasta el momento, ser un modelo que debería ser emulado por otros países no solamente iberoamericanos.

A comienzos de junio de 2017 la Corte Suprema Federal de Brasil aprobaba por mayoría a tiempo que el juez federal Marco Antonio de Mello emitía el respectivo mandamiento judicial contra Renan Calheiros que habría de ser inmediatamente removido de la presidencia del Senado por malversación de fondos. Esto significó un golpe más para el presidente Michel Temer cuyo gobierno y él mismo han sido debilitados por escándalos de corrupción en medio de la política de austeridad que el Presidente ha impuesto.

Por otro lado, Calheiros ha sido reemplazado por el senador Jorge Vianna del Partido de los Trabajadores que se opone a los recortes de gastos excesivos que durante el gobierno de Russeff gestaron el déficit más prologado y pernicioso de la historia del país que contribuyó a la recesión de los recientes dos años y que no cesa de tener efectos negativos en el empleo, la conducción y la marcha de la inmensa economía brasileña que recientemente sufrió una disminución masiva de sus exportaciones de carne, sector que también se vio afectado por sobornos pagados a inspectores por compañías exportadoras como JBS para que éstos dejasen pasar carne mala por buena. Aquí la Policía Federal también arrestó a docenas de inspectores que habían aceptado sobornos.

El 26 de junio la Policía Federal de Brasil dijo que tenía evidencia de que el presidente Michel Temer había recibido sobornos que comprometían su continuación en el cargo de primer mandatario si el latente juicio de corrupción lo declaraba culpable. El mandatario es investigado en función a declaraciones, concertadas con el Fiscal, del empresario Joesley Batista de la procesadora de carne JBS que vinculan al presidente con sobornos y presuntos pagos irregulares a la ex autoridad parlamentaria, Eduardo Cunha, actualmente en la cárcel.

De acuerdo al periódico The Guardian, si la Corte Suprema acepta la recomendación de la Policía Federal de investigar al presidente Temer, solamente el Congreso Nacional puede decidir si la Corte debe investigarlo. Si dos terceras partes del Congreso votan a favor de la investigación, Temer debe ser suspendido de sus funciones hasta la conclusión del juicio. De acuerdo a un reciente comunicado de la Corte, la Policía Federal tiene evidencias suficientes de sobornos pagados para demostrar la necesidad de una investigación de Temer por “corrupción pasiva” que es el cargo imputable por recibir sobornos. Las evidencias muestran que el ex ayudante de Temer, Rodrigo Rocha Loures, en nombre del Presidente, recibía los sobornos de JBS en maletas de dinero que la Policía incautó. Hasta el momento Temer ha rehusado hablar del asunto. Se lo acusa de tres presuntos crímenes: corrupción, obstrucción de justicia y ser miembro de una organización criminal.

Con suficiente apoyo de la Cámara de Diputados es probable que el presidente Michel Temer permanezca hasta que su mandato concluya a fines de 2018 aunque el costo de esa permanencia, limitada por la frugalidad fiscal impuesta, ha de imposibilitar una gobernabilidad efectiva que la agencia Reuters califica de “zombie”… que habrá de durar hasta que Brasil elija otro presidente.

El autor es miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua.


Violencia mortífera en Brasil

mayo 4, 2017

Por Jorge V. Ordenes-Lavadenz

Cinco individuos entran violentamente en un hospital de Parauapebas en el estado de Pará en el noreste de Brasil, someten a los guardias y asesinan a sangre fría a Waldomiro Costa Pereira, activista del Movimiento de Trabajadores sin Tierras (MST) que desde hace rato se queja de los atropellos perpetrados por agentes de hacendados. El MST dijo que se trataba de un asesinato más de campesinos. De acuerdo al diario Folha de Säo Paulo, la autoridad local condenó el crimen que al parecer la policía investiga. El MST también hizo saber que Costa Pereira estaba recuperándose de un atentado previo, y que era un activista de grupos que reclaman una reforma agraria que los grandes hacendados se dice que rechazan.

Esto y más a tiempo que el país parece absorto con las investigaciones nacionales anticorrupción como “Car Wash” que, dicho sea de paso, está involucrando a las cabezas del Congreso, al ministro de relaciones exteriores, al jefe de gabinete del presidente Temer y a cinco ex presidentes de Brasil. Pero el mundo sigue andando.

Según The Guardian, el estado de Maranhao es el más pobre de Brasil y quizá el que más ha sufrido hechos de violencia. Es también uno de los que más se desforesta lo que es el resultado de enfrentamientos entre los tradicionales habitantes de la zona y los deforestadores. Lugares como Gamela, habitada desde hace marras por 400 familias, donde a comienzos de mayo trece miembros de la comunidad fueron hospitalizados víctimas de un violento ataque en el que no hubo muertos, pero sí trece hospitalizados (a un hombre contaron las manos y las piernas por debajo de la rodilla, a otro solo las manos) acusándolos de “rateros”, cuando el verdadero cometido era amedrentar para imponer el desalojo de las tierras. Esto después de que los atacantes se hubiesen reunido en un día de campo con asado y bebidas alcohólicas hasta entrada la noche cuando rodearon Gamela, dispararon al aire y atacaron a la gente. Es de dominio público que la región está luchando desde hace décadas contra familias poderosas que han sido dueñas de tierras y que dominan la política de Maranhao.

La Comisión Pastoral de Tierras (CPT) recientemente hizo saber que Brasil ha devenido en el país menos protegido contra la violencia de los invasores de tierras que en 2016 causaron la muerte a 61 personas, cifra que no se registraba desde 2003. De acuerdo a un estudio de 2016 de la Universidad de Windsor de Canadá, el uno por ciento de la población de Brasil es dueño de casi la mitad del territorio del país. Lo que explica el creciente deseo de acaudalados dueños de tierras, por lo menos un buen número de ellos, de extender sus dominios.

The Guardian añade que miembros de la Asociación de Indígenas de Pariri y el Movimiento Ipereg Ayu, de las legendarias tierras de Mundurukú que se extienden al suroeste del estado de Pará, Coatán, Laranjal y Säo José de Cipó, estado de Amazonas, y Papiaká-Kayabi en Matto Grosso, se quejan vehementemente de los frecuentes atropellos de invasión y toma arbitraria de tierras.

Parauapebas, Gamela y Mundurukú son ejemplos de hechos funestos que se repiten en la cuenca del vasto Amazonas, y lo peor es que la criminalidad impune del campo va en aumento en busca de lucrar con la crianza de ganado que nutre la creciente demanda de carne de exportación de Brasil, además del cultivo de la soya y otras hierbas… todo, además, en detrimento del aire que respiramos.

Para los oriundos organizarse mejor no debe ser fácil, pero hacerlo contrapesaría la ola de atropellos y crímenes contra gente legalmente establecida. Es este sentido la historiadora brasileña Blanca Behrends dijo a la prensa en febrero que el carnaval brasileño siempre había sido una ocasión para utilizar el buen humor y hacer critica social y, este año, dos de las más reconocidas escuelas de zamba destacaron el llamado a la cordura y la justicia de las tribus indígenas del Amazonas. Algo se hace pero urge hacer mucho más ante el abuso… donde sea.